la ONU aseguraró aquí que en el mundo persiste la injusticia, la desigualdad y discriminación contra las mujeres y las niñas por lo que es necesario incrementar los recursos para políticas públicas que las protejan y empoderen.
Los datos sobre la violencia que sufren las mujeres son preocupantes, no sólo por la magnitud de sus cifras, sino porque las acciones de impartición de justicia que el Estado mexicano realiza, muestran una inoperancia preocupante. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, han denunciado que de las más de 89 mil violaciones sexuales contra mujeres en el país, ocurridas durante el periodo 1997–2003, el Ministerio Público logró la consignación de la averiguación previa en 39 por ciento de los casos (con o sin detenidos), pero al final, sólo 25 por ciento de los detenidos recibieron sentencias condenatorias. Es decir, de las violaciones denunciadas, en 60 por ciento de los casos no hubo detenidos.
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